EL FUTURO DE LOS DETECTIVES

EL FUTURO DEL DETECTIVE PRIVADO

      Antecedentes, legislativos, políticos y sociales 

Predecir qué es lo que va a suceder en un futuro es algo arriesgado, mas y cuándo no depende de una profesión que es lo que va a suceder ya que innumerables factores afectan al desarrollo de la misma.

Los cambios sociales y de comportamiento afectan a las relaciones humanas, las legislaciones varían y lo que antes era una cosa normal, en la actualidad se convierte en una situación casi delictiva, o viceversa, la tecnología evoluciona e inexorablemente afecta a todas las actividades empresariales, a algunas las beneficia y a otras las perjudica, el mundo globalizado abre mas las puertas a que cualquier cosa que pase en un extremo del mundo afecte a todo el planeta.

Para poder llegar a valorar que es lo que va a pasar con la profesión de los detectives privados debemos de comprobar que es lo que ha sucedido en el pasado por lo que nos remontaremos a principios de los años 90, donde los detectives, pese a llevar un siglo existiendo en España y con varias órdenes gubernativas que la regulaban sucintamente, tenían asentados en nuestro país a grandes despachos de investigación, sobre todo en la ciudades de Madrid y Barcelona, donde se congregan la mayoría de agencias de detectives privados debido al mayor volumen comercial que tienen estas dos ciudades, siguiéndoles a mucha distancia Sevilla o Valencia.

Por aquellos años se estaba fraguando la ley de seguridad privada, que vio la luz en 1992 y posteriormente su reglamento en 1994.

A los detectives privados y por motivos de urgencia se les incluyó en aquella ley y nunca mas salieron de ella, un sector que nada tiene que ver con la seguridad privada y que es totalmente diferente al resto y que por supuesto debería tener su estatuto o ley propia.

Por allá en los años 90 y teniendo su punto mas álgido en el año 1993, significó uno de los momentos mas difíciles de la democracia, iniciándose una recesión económica que provocó un desempleo de entre el 16% al 24 %, llegando a tener tres millones y medio de parados.

Todo ello provocó una caída de beneficios de las empresas y también de la inversión, la deuda pública llegó a las 180.300 millones de euros, aunque en aquella época se contaba en pesetas y la cifra, traducida, era 30 billones es decir un 68% del producto interior bruto y un deficit de las administraciones publicas superior al 7%.

Lo anterior fue originado por el estallido de la burbuja inmobiliaria en Japón en 1990, a lo que se sumaba el aumento del precio del petroleo y la guerra del Golfo. 

Casi como un “deya vu” revivimos en la actualidad lo mismo, burbuja inmobiliaria, precio desorbitado del petroleo y la guerra de Ucrania, !Y hay quien dice que la economía no es cíclica!.

La crisis provocada en Japón, tardó tiempo en afectar a España y como he dicho hasta el año 93 no tuvo su punto álgido ya que las inversiones públicas para preparar al país para grandes eventos como la Expo de Sevilla, autovías Madrid a Sevilla, la línea de Ave, los Juegos Olímpicos o el proyecto hispasat, paliaron las consecuencias. 

Una vez finalizados estos proyectos, muchos trabajadores pasaron a formar parte de las listas del paro. A todo ello se sumó una gran sequía, la mayor del siglo XX teniendo su punto más elevado en el año 1995, lo que provocó pérdidas en el sector agrario, sobre todo en Andalucía y cortes de suministro a la población.

El 13 de mayo del 93, el gobierno de Felipe González, se vio obligado a devaluar nuevamente la moneda en esta ocasión un 8%, siendo la tercera vez que lo tenía que hacer en 9 meses, lo que provocó que la tasa se paro llegara a ser la mas alta de toda la Unión Europea.

El gobierno tuvo que aprobar una ley financiera que redujo la prestación mínima a parados sin hijos del 100% al 75% del salario mínimo interprofesional, lo que provocó un empobrecimiento de las familias, que sumado al aumento de los precios provocó la falta de liquidez en un amplio sector de la población, esta falta de liquidez provocó la escasa circulación del dinero, por lo que el empobrecimiento general y la reducción de ingresos del estado, provenientes de los impuestos y el movimiento de la economía, se redujo considerablemente.

En 1994 y coincidiendo con la aprobación del reglamento de seguridad privada, se empezó a recuperar el empleo. Hago referencia a la aprobación del reglamento para ubicarlo en el contexto sin la intención de que se pueda interpretar, de que la aprobación del mismo tuvo influencia alguna en la recuperación del empleo.

Pese a esta recuperación, los gastos de la seguridad social, que nutrían las pensiones, el desempleo y la sanidad, entraron en deficit, por ello en el Pacto de Toledo, se llegó al acuerdo de que la sanidad dejara de estar financiada por el dinero de las pensiones y lo fuera por los presupuestos generales del estado.

En 1996 llegó a la Moncloa un Gobierno del Partido Popular, liderado por Jose María Aznar, quien aprovechó la inercia alcista.

Gracias a los acuerdos del Pacto de Toledo, la economía Española siguió una senda alcista, hasta aproximadamente 2006, con unas tasas de crecimiento superiores a las de la Unión Europea, viéndose en España una sensación de riqueza que no era del todo real. Podemos recordar como el dinero fluía y eso generaba recaudación estatal, al disponer las familias de esos ingresos facilitados por entidades bancarias, que habían abierto la mano a financiar las necesidades de los ciudadanos, sin llegar a valorar las capacidades económicas de estos y su posibilidad de devolución a los bancos de las financiaciones prestadas. Todos sabemos que cuando acudimos a una entidad bancaria a solicitar un préstamo, no solo te daban lo que necesitabas, te ofrecían mas para poder realizar otras compras.

En este periplo de los inicios de los años 90, también surgieron cambios importantes en la profesión de los detectives privados, donde se eliminó la figura de los auxiliares de detective, que hasta la fecha daban apoyo a los detectives privados, siendo la diferencia entre ambos, que el auxiliar no podía poseer un despacho propio para poder ofrecer sus servicios y dependía de la contratación de aquellos que reunían los requisitos para el ejercicio de la actividad.

Los auxiliares de detective privado iban a ser eliminados por la ley del 1992, pero era evidente que les tenían que dar una salida profesional, por lo que el estado optó por la medida mas sencilla, que hagan un examen y si lo aprueban, podrán ejercer de detectives privados con habilitación para la constitución de despachos. 

En ese momento la profesión se encontró con tres tipos de detectives privados, los que ya gozaban de una gran veteranía y que accedieron a la profesión años antes sin requisitos académicos y autorizados con licencias gubernativas, aquellos detectives mas recientes que habían estudiado la formación que impartían algunas Universidades, entre ellas la Coplutense de Madrid y como delegada de esta la de Alicante y los auxiliares, que en un 99% aprobaron el examen. A este último grupo se añadió un gran volumen de personas que ejercían la profesión como investigadores comerciales o mercantiles y a los que se les dio la opción de presentarse a ese examen, y por supuesto, también aprobaron.

La eliminación de los auxiliares de detective privado, que podía ser cualquier persona que seleccionara un detective y que tras permanecer 3 meses trabajando en la agencia de detectives, el propio detective titular autorizaba a que se le expidiera la correspondiente tarjeta identificativa sin mas requisito de estudios y conocimientos jurídicos. Estos auxiliares de detective tenían la única función de realizar trabajos de campo, dejando la administración y dirección de las investigaciones a los detectives titulares. 

La eliminación de esta figura profesional, buscaba por un lado acabar con la falta de formación, profesionalizar y dar valor al sector de la investigación privada y por otro regularizar a esa ingente amalgama de informadores comerciales que casi hacían labores propias de detectives, sin que se les pudiera tener controlados por parte del estado.

Si bien es cierto que lo anterior redundaba en el beneficio de la profesión, no debemos olvidarnos que a finales de los 80 y principios de los 90, gran cantidad de casos de corrupción que cometían los políticos que gobernaban fueron descubiertos por agencias de detectives privados, por lo que podemos llegar a la conclusión, de que el Gobierno o el poder político se sentían incómodos con la existencia de grandes despachos de investigación, a los que no podían controlar.

Si nos remontamos a la primera orden gubernativa de 1951, podemos ver que en su exposición, uno de los motivos principales era distinguir lo que era la investigación privada y la pública, para proteger el prestigio policial, así se exponía:

 “La frecuencia con que de algún tiempo a esta parte se vienen registrando actividades de las llamadas agencias privadas, que en ciertos casos y por la índole reservada de las investigaciones que realizan, pueden ser origen de graves perjuicios a particulares, requiere la adopción de una norma legal que regule su funcionamiento”

“Aconseja además esta reglamentación, por una parte, la misma necesidad de fijar los límites dentro de los cuales ha de desenvolverse la acción de estas agencias, y de otra, el hecho, que es preciso evitar, de que la actuación del personal a su servicio, pueda dar lugar a equívocos, con seguro quebranto del prestigio de los funcionarios de policía y a no pocas intromisiones en materia privativa de los agentes de la autoridad” 

Por aquella época, los años 90, los detectives en su informe anual de actividades, debían de comunicar hasta el nombre de sus clientes y el tipo de investigación contratada, todos los detectives eran conscientes que dichos informes se utilizaban para tener conocimiento de que actividades e investigaciones se habían realizado y poder obtener, por parte del estado, información para tomar posibles medidas, también en aquella época, los detectives no tenían que alegar causa legítima en sus investigaciones, por lo que cualquier persona podría contratar para investigar a otra, con la salvedad o la prudencia de las agencias de investigación a que estas no fueran utilizadas para expedir informes que posteriormente se podrían utilizar para cometer actos delictivos, si bien es cierto en el Orden del Ministerio del interior del año 1981 y empezaba a hablarse de la legitimidad, aunque la misma no era controlada  por el poder público. 

Como ejemplo, de la mala utilización de un informe de detectives, en Valencia fue detenido uno por realizar un informe de investigación que posteriormente fue utilizado como información para perpetrar un secuestro, aunque aclarados los hechos, el detective en la actualidad, sigue ejerciendo la profesión.

También era común y sobre todo en Barcelona, Madrid y Valencia, la utilización de medios técnicos para la intervención de teléfonos, que aunque era delito, algunas agencia lo realizaban mas habitual de lo que pensamos.  En Valencia una agencia de detectives fue prácticamente cerrada y detenidos los detectives, por realizar intervenciones en las cajas de pares que estaban en las fachadas de los edificios, con la finalidad de obtener información de las llamadas telefónicas que realizaban las personas investigadas. 

Ciertamente la aparición de la ley de seguridad privada del 92 y su reglamento del 94, no supusieron grandes cambios considerables a la profesión, porque básicamente a nivel operativo se mantenía lo que hasta la fecha se había permitido realizar a los detectives privados.  La primera regulación que si que modificó fue el acceso profesional implantando los estudios necesarios para obtener la habilitación fue la orden de 1981 por lo que a partir de aquella fecha, todos los detectives que accedieran a la misma deberían de contar con los estudios de determinaría el Ministerio del Interior.

El problema que surgía en aquella época con respecto a los detectives, era compartir con policía la memoria anual de manera nominativa, es decir, identificando a tus clientes, se sabía que con el paso del tiempo esto llegaría a anularse ya que se entendía del todo injustificado. La guerra particular de algunos detectives a compartir esa información, llevó a los tribunales a que decidieran por lo que al perder en los contenciosos la administración pública, terminó por decidirse a que la memoria sería numérica, como se ha dicho era cuestión de tiempo, ya que el marco regulatorio de la protección de datos y la intimidad empezaba a ponerse sobre el tapete y el compartir unos datos personales, irrelevantes, con la administración, vulneraba la intimidad de los clientes.

Durante el periodo del gobierno del Partido Popular comprendido entre 1996 y 2004, se superó la crisis económica y tanto las políticas nacionales como el marco internacional favorecieron la bonanza económica. Las agencias de detectives también se vieron favorecidas con un aumento considerable de trabajo, pero pese a ello o por lo menos en la Comunidad Valenciana, se ha mantenido siempre el mismo volumen de despachos, aproximadamente en Valencia y Alicante, unos 50 despachos y 2 en Castellón, como bien se puede decir, los que entran por los que salen. 

Pese a la gran oferta formativa, no suele dispararse la apertura de agencias de detectives.

Los detectives son conocedores, que no han sabido vender su producto, generando el trabajo que la sociedad podría necesitar, muy probablemente, por las etiquetas que década tras década les marcan o por casos que nada tienen que ver con ellos y que al intruso se le pone la etiqueta de detective, o como en el caso de Villarejo, el estado  pretende que se le asocie mas como un investigador privado que como un funcionario  policial en situación de jubilación.  La rumorología, injustificada, sobre los elevados costes de contratar un detective privado, no habiendo sabido, los detectives, trasladar de manera eficiente, que el coste es una inversión, que en la mayoría de ocasiones se compensa o por lo menos evita el problema que tiene la empresa o al particular.

Durante este periodo de falsa riqueza, donde los detectives privados, tenían clientes de cualquier estrato social, ya que las entidades Bancarias habían abierto sus cajas de caudales para financiar, mas de lo solicitado y de lo que se necesitaba, a cualquier persona o empresa, ciertamente esto hacía circular el dinero, generando que el Estado pudiera recaudar en impuestos ingentes cantidades, que sirvieron para generar una caja de pensiones y modernizar nuestro país.

Pero como todo, puede ser cíclico, en 2008, ya con el gobierno del Psoe de Rodriguez Zapatero, empezó a sentirse en España una crisis financiera, que de manera global afectaba al resto del mundo y que se inició en 2006, con el colapso de la burbuja inmobiliaria en EEUU y afectando mas tarde también a España donde habíamos creado una situación ficticia de riqueza y donde la población se había comprometido económicamente por encima de sus posibilidades, por lo que la perdida de ingresos tanto de empresas como de particulares provocó el impago de las deudas, y los bancos tuvieron que iniciar ejecuciones hipotecarias por la carencia de liquidez.

Toda esta crisis económica afecto notablemente a los Agencias de detectives privados, desde 2008 hasta la actualidad reduciendo considerablemente el volumen de trabajo.

Consultados varias agencias de detectives, podemos indicar que el volumen de negocio cayo en un 50%, para aquellos detectives que no trabajan con compañías de seguros o mutuas la cuales garantizan, casi siempre, un cierto volumen de servicios.

Mas tarde la mutuas dejarían de ser un negocio rentable para los detectives al implantarse las adjudicaciones, ya que gestionaban dinero público, estas ya no podían contratar a detectives en función de su valía o confianza, mas bien contratarían al que menos coste les suponía, y como es normal, a menos precio, peor calidad del trabajo.

Durante esta etapa de crisis se han vivido momentos mejores y otros peores, generando picos de trabajo y caídas del mismo, en ocasiones incomprensibles, movidas por el miedo o la reserva de los clientes y por la limitación del flujo económico. Esta crisis, ha llegado hasta nuestros días.

El precio que cobra un detective, se paralizó en 2008 y hasta la actualidad ha había pocos aumentos entre el precio que se cobraba en aquella época y lo que se cobra ahora.

Si todo lo anterior generaba incertidumbre, no podía estrenarse 2022 con peores presagios e incidencias internaciones como la guerra de Ucrania, el aumento de los precios del petroleo, gas y electricidad, que afecta a todos los sectores, generando en cadena una subida de precios y reducción del dinero disponible para las familias. Esta falta de liquidez ha provocado que en ocasiones, tanto empresas como particulares decidan que determinados servicios pueden ser un lujo y prescindan de los servicios de los detectives privados.

Si nos damos cuenta, se están replicando las mismas circunstancias de principios de los 90.

En la actualidad, el trabajo de los detective no ha remontado y ahora afectado por los nuevos acontecimientos y una economía muy globalizada, donde cada país depende de varios en distintos sectores, por las políticas de diversificación de recursos y los cupos aplicados por la Unión Europea, hace que cualquier vibración se sienta alrededor del planeta.

Con la aparición de la ley de seguridad privada en 2014, una ley confusa, restrictiva y que no solo genera una incertidumbre si no también una inseguridad jurídica al detective por las múltiples interpretaciones de la misma, no ayudan al sector a poder despegar y situarse en un nivel óptimo de generación de trabajo.

En la actualidad se está mencionado con fuerza la posible aparición del reglamento que desarrollará a esta ley, y desconocemos si corregirá los errores de esta o por el contrario generará mas confusión.

El sector tiene dudas sobre si el reglamento solventará las incorrecciones de la ley o será su redacción, perjudicial para el sector por lo que existen dudas de si quedarnos como estamos o arriesgarnos, lo que si que es cierto, que las aplicaciones de medidas de seguridad de los despachos, tanto las físicas como las informáticas, generarán unos sobre costes que algunos no podrán asumir, o la imposibilidad de su implantación en algunas de las sedes actuales de los despacho, lo que pudiera provocar que algunos detectives decidieran cambiar hacia otras actividades profesionales.

La constitución de un aval bancario, sumado a la obligación de un seguro de responsabilidad civil, y como se ha dicho anteriormente, las implantación de medidas físicas, como las puertas de grado 4, alarmas cableadas, que suponen un sobre coste con una convencional ya que implican que cada pocos meses se hagan controles del correcto funcionamiento por parte de la instaladora o las medidas de seguridad para la custodia del libro registro o informes, dispararán la inversión inicial de los nuevos detectives, que tendrán que afrontar unos gastos elevados, que harán pensar a mas de uno si es viable el inicio de la actividad.

La aparición de internet, a nivel usuario, en los años 90, ha sido un beneficio para los detectives, ya que ha facilitado su acceso a la información, pero a la vez también ha supuesto que el público en general acceda a la misma, por lo que mucho autodidacta realiza averiguaciones en este medio, que anteriormente las hacían los detectives.

Esta aparición a nivel usuario de internet, las app de de contactos o comunicación entre personas han facilitado que las relaciones se mantengan o se hagan por estos medios, que gozan de la misma protección jurídica, que una llamada de teléfono o que la correspondencia. Todo ello ha limitado la actividad de los detectives que se basaba en muchas ocasiones al control personal y físico de las actividades que las personas hacían en lugares no reservados y que podían ser acreditadas por los detectives.

En la actualidad y promovido por la crisis sanitaria de Covid 19 se extendió el uno de medios telemáticos para reuniones y hasta el teletrabajo, ello ha supuesto una dificultad añadida para acreditar determinadas circunstancias. Aún así se abren nuevas ventanas de investigación, como es la informática, rastros dejados en equipos o actividades irregulares de trabajadores con los medios informativos de la empresa. Pero este tipo de investigación supone una profesionalización complicada y se dependerá de terceros que colaboren en dichas investigaciones. El problema es que mucho de este trabajo de acreditación esta yendo a para a empresas informáticas obviando la investigación del detective.

Este mundo globalizado donde por internet nos podemos hacer publicidad nos abre nuevas puertas a la captación de trabajos y a exponer a nuestra empresa para que pueda ser elegida, pero también provoca mucho intrusismo ya que es difícil por no decir imposible el controlar a todos aquellos que por desconocimiento de la legislación o a sabiendas ofrecen servicios de investigación. 

El futuro no se ve halagüeño en estas circunstancias económicas y mucho menos con la incertidumbre que genera el contenido del futuro reglamento.

Conclusiones

Como cualquier actividad económica, los vaivenes del mercado afectan también a la actividad económica de los despacho de detectives privados, la reducción de ingresos de los clientes, particulares o empresas, restan posibilidades de contratación.

Si a lo anterior sumamos la pésima redacción de la Ley de Seguridad Privada con las obligaciones de seguridad físicas e informáticas que incrementaran los costes fijos de los despachos, se complicará el acceso a la profesión, mas y cuando los nuevos detectives que terminen sus estudios tampoco pueden realizar practicas para valorar si la profesión es lo que andaban buscando.

Todas estas limitaciones provocará la escasez de aquellos detectives que se constituían como autónomos, pero que prestaban servicios de colaboración a otros despachos y que con sus ingresos podían sobrevivir dignamente, si el reglamento no diferencia entre los despachos abiertos al publico y los detectives freelance, algunos de ellos desaparecerán, con el perjuicio considerable al sector.

La escasez de oferta laboral, también provoca el intrusismo, unos por desconocimiento y otros a sabiendas de las dificultadas del peso legal a la profesión y de las obligaciones legales si se ejerce esta de manera reglamentaria.

La duda quedará despejada en el momento se remita al Congreso el borrador del reglamento para su periodo de tramite parlamentario.

Bibliografia

https://www.omniaveritas.com/futuro-detectives-privados/

Wikipedia 

https://elpais.com/politica/2012/04/13/actualidad/1334313617_456630.html

https://www.bde.es/bde/es/secciones/informes/analisis-economico-e-investigacion/historia-economica/

Entrevistas personales a detectives ejercientes.